Este artículo habla sobre los derechos de las personas LGBT. La imagen es solo ilustrativa.
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Connie Kaplan

Activista por los derechos de las personas LGBT se convierte en jueza en una corte del circuito federal

El nombramiento de Beth Robinson, abogada de 56 años y pionera de los derechos de las personas LGBT significa un gran avance en las políticas de diversidad e inclusión a nivel federal.

En agosto de este año el Presidente Electo Joe Biden presentó la nominación de Beth Robinson como jueza de la Corte de Apelaciones de EEUU para el Segundo Circuito. Robinson cuenta con una extensa trayectoria profesional y de activismo en el campo de los derechos de las personas LGBT.

¿Quién es Beth Robinson?

La jueza federal recién electa nació en la ciudad pakistaní de Karachi en 1965, lugar donde trabajaba su padre, pero se crió en el estado de Indiana. Se graduó como abogada de la prestigiosa Universidad de Chicago en 1989.
La carrera de Robinson estuvo marcada por su compromiso con los derechos LGBT. Uno de sus hitos más icónicos fue su trabajo pro-bono como abogada defensora en el caso Baker v. Vermont de 1999, que instó al estado federal a implementar la unión civil para las parejas del mismo género.

El caso también fue un importante precedente para la implementación del matrimonio igualitario en ese mismo estado, causa que Robinson defendió posteriormente en 2009 como asesora del entonces presidente pro tempore del Senado de Vermont, Peter Shumlin.

En 2011, el mismo Shumlin, en ese entonces gobernador del estado, designó a Robinson como jueza asociada de la Corte Suprema de Vermont. La nominación fue aprobada por unanimidad por el Senado. Robinson se desempeñó en su cargo hasta su reciente designación a la Corte de Apelación para el Segundo Circuito.

Votación en el Senado

La nominación de Robinson fue confirmada en el Senado a comienzos de noviembre con 51 votos a favor y 45 en contra. Previo a la votación, el senador demócrata Patrick Leahy dedicó unas palabras de elogio hacia Robinson.
Leahy recordó no sólo su participación histórica como defensora de los derechos de las personas LGBT, sino también su compromiso con los derechos de los trabajadores, la libertad religiosa y la lucha contra la discriminación. Según comentó el senador, Robinson cuenta con el apoyo general de los oficiales electos de Vermont, sin importar los colores políticos de estos.

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La lucha por los derechos LGBT en el contexto de migración

Los esfuerzos de activistas como Robinson durante los años noventa en adelante fueron claves para el reconocimiento del estatuto legal de los matrimonios igualitarios a nivel federal. En el año 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) durante el gobierno del entonces Presidente Bill Clinton. Una sección de esta ley definía al matrimonio para fines federales como la unión legal existente entre un hombre y una mujer.

En un país como los Estados Unidos, en dónde la reunificación familiar es y ha sido históricamente una de los principales factores determinantes de las políticas migratorias, la ley DOMA establecía un sesgo discriminatorio contra las parejas de mismo género. No reconocer la validez de sus matrimonios privaba injusta y sistemáticamente a estos individuos de una serie de beneficios disponibles a las parejas heterosexuales, como la posibilidad de conseguir residencia o ciudadanía para cónyuges que hayan nacido en el extranjero.

Los logros de Robinson en la batalla por la igualdad de derechos de las personas LGBT se insertan en el largo recorrido de muchos activistas que buscaron declarar la inconstitucionalidad de la sección 3 de la ley DOMA, objetivo que pudo concretarse en 2013. El matrimonio igualitario sería aprobado a nivel federal recién dos años más tarde. Hasta entonces, quedaba a cuenta de cada estado particular establecer la legislación pertinente.

Migración y derechos LGBT hoy

Actualmente, las políticas de migración en los Estados Unidos reconocen la paridad de derechos de las personas LGBT respecto de sus pares heterosexuales. Sin embargo queda mucho por hacer, ya que las instituciones y agencias involucradas todavía están implementando reformas acordes a los cambios en legislación.

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