Una maniobra política de la era Trump intentó anular la posibilidad de representación colectiva entre los jueces de la corte de inmigración, que hoy en día deciden los destinos de miles de migrantes en una lista de espera con más de 1.3 millones de casos.
La corte de inmigración está al límite, y los casos no paran de acumularse en una larga lista de espera que se corresponde con un pico histórico de migrantes que intentan cruzar la frontera para buscar una mejor vida en los Estados Unidos. En todo el país solamente hay 500 jueces de inmigración, y su delicada situación política y laboral afecta directamente la integridad de miles de migrantes que esperan la resolución de sus casos.
Con una lista de espera de 1.3 millones de casos y solicitudes de asilo que no paran de aumentar, los jueces de la corte de inmigración reclaman personal de apoyo y más nombramientos para poder trabajar adecuadamente. Mientras tanto, están trenzados en una lucha legal por sus derechos de representación colectiva.
Durante la administración Trump, la corte de inmigración recibió todo tipo de presiones para emitir más órdenes de deportación, incluso cuando esto implicaba un gran peligro para la vida de los migrantes deportados. Finalmente, el gobierno intentó deshacer el sindicato que representa los intereses de los jueces.
Presiones políticas durante la era Trump: peligra la autonomía de la corte de inmigración
Los jueces de la corte de inmigración son empleados que son nombrados y deben responder a las órdenes del fiscal general, lo que los pone en una situación difícil para evadir presiones políticas. Hasta el gobierno de Donald Trump, los jueces de inmigración estaban organizados en un sindicato que representa sus intereses desde 1979.
Pero William Barr, el segundo fiscal general de la administración Trump, buscó anular la certificación del colectivo de jueces mediante una petición a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA). La FLRA acabó desestimando los precedentes legales presentados por los jueces y declaró que la corte de inmigración no podía agremiarse por ser funcionarios oficiales.
“Estamos en un combate legal por nuestra vida para asegurar que se valore y se mantenga nuestra independencia de decisión, y que nosotros, como jueces, podamos hacer nuestro trabajo”.
Manifestó la jueza Amiena Khan, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
Ahora, el sindicato de la corte de inmigración intenta impugnar el fallo final de la FLRA. En una carta redactada este mes, decenas de demócratas en el Congreso instaron al fiscal general en funciones, Merrick Garland, y a su fiscal general adjunta Lisa Monaco a rescindir la petición de Barr.
¿Qué responde el gobierno demócrata a los reclamos de los jueces de la corte de inmigración?
El fiscal general de la administración Biden, Merrick Garland, aún no ha tomado una decisión respecto al reclamo de los jueces de la corte de inmigración. Se sabe, sin embargo, que el gobierno demócrata espera contratar al menos 100 jueces más para la corte de inmigración.
Los jueces de la Corte de Inmigración insisten en que no están en condiciones de realizar adecuadamente su labor, y esperan que el gobierno demócrata los apoye para recuperar su autonomía judicial. Sostienen que no deben ser utilizados como herramientas políticas y que al imponerse cuotas para la resolución de casos peligra la justa representación de los migrantes.
“Si estoy obligada a tomar una decisión sobre un caso rápidamente, los migrantes no tienen tiempo de conseguir la representación necesaria para su defensa”.
Declaró Marks, una jueza de inmigración de San Francisco.
Sin un abogado que garantice su defensa, usualmente los migrantes pierden sus casos de asilo. Otros jueces retirados manifestaron que durante la administración Trump su labor fue sistemáticamente obstaculizada por las presiones políticas y no pudieron ayudar a los migrantes en las situaciones más difíciles como hubieran querido.
Esperamos que la precaria situación en la que se encuentran los jueces de inmigración pueda resolverse prontamente. La importante labor de los jueces afecta de forma directa las vidas de miles de inmigrantes que escapan de condiciones inhumanas y persecución en sus países de origen.
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