Durante la administración Trump, se eliminó el derecho a sindicalizarse a cientos de jueces de la corte de inmigración, y ahora muchos jueces declaran que Biden solo ha reforzado esta política.
Los jueces de la corte de inmigración están envueltos en una tensa disputa con el presidente Joe Biden sobre su batalla para restaurar los derechos sindicales que les quitaron bajo la administración Trump. El jefe del sindicato de jueces federales de inmigración ha acusado al gobierno de Biden de “reforzar” los esfuerzos de su predecesor para congelar la capacidad de acción de su asociación sindical, en medio de una crisis migratoria que lleva a la corte de inmigración al límite de sus capacidades.
Mimi Tsankov, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), se declaró “desconcertada” de que el Departamento de Justicia de Biden no negociara con sus miembros a pesar de que el presidente de los Estados Unidos promocionaba abiertamente y con frecuencia su apoyo a la representación de los trabajadores. Tsankov fue nombrada jueza de inmigración en 2006 y tiene su sede en Nueva York, donde también enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham.
“Esta administración realmente ha redoblado la posición [de Trump] de que no somos un sindicato válido”.
Declaró Tsankov.
Una larga disputa entre la corte de inmigración y el gobierno
Después de décadas de relaciones relativamente fluidas entre la NAIJ y el Departamento de Justicia, Donald Trump culminó cuatro años de políticas migratorias restrictivas y reaccionarias atentando contra el derecho a los trabajadores de la corte de inmigración a sindicalizarse. La medida hostil fue decidida por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA), una agencia federal administrativa independiente que controla las relaciones laborales entre el gobierno federal y sus empleados, el 2 de noviembre de 2020, el día antes de las elecciones presidenciales.
A pesar de una victoria demócrata y de que Joe Biden asumió la promesa de la Casa Blanca de deshacer el daño causado por Trump, el sindicato permanece cerrado y silenciado sin una fecha fijada para escuchar su caso, y a pesar de todos los intentos de los miembros de sindicato por restaurar su estatus oficial.
El Departamento de Justicia despejó el camino en junio para que el sindicato de jueces de la corte de inmigración pudiera reclamar por sus derechos cuando la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), sede de los tribunales de inmigración del país, retiró la oposición a la moción de reconsideración de la NAIJ. Sin embargo, Tsankov señaló que la administración aún se niega a negociar.
Una audiencia este martes enfrentará al sindicato contra EOIR a medida que la disputa se profundice. La denuncia en cuestión acusa a la EOIR de “interferir, restringir y coaccionar a los empleados en el ejercicio de sus derechos para organizarse” y “negarse a negociar de buena fe”.
En una respuesta formal a la denuncia, la EOIR ha declarado que “en esencia, la NAIJ está extinta”. Algunos funcionarios llegaron incluso a presentar una moción para desestimar las quejas de la NAIJ sobre prácticas laborales injustas, aunque la moción fue denegada.
La crisis migratoria continúa llevando al límite al sistema de inmigración
El conflicto entre los jueces de la corte de inmigración y la administración Biden continúa mientras los tribunales de inmigración de la nación se encuentran abrumados por la enorme cantidad de casos mientras se atraviesa una grave escasez de personal clave, como asistentes legales y traductores. Según trascendió, los tribunales de inmigración de Nueva York solo tienen alrededor del 30% del personal necesario, y otros tribunales en ciudades tan geográficamente diversas como Memphis, Salt Lake City y Filadelfia han sufrido escasez de personal durante años.
La falta de personal dificulta que los jueces lleguen totalmente preparados a las audiencias e incluso puede afectar a los migrantes que se encuentran frente a los tribunales, retrasando notificaciones y avisos de cambios importantes en sus casos. Esta situación tiene un impacto muy real sobre la capacidad de la corte de inmigración de llegar a juicios justos sobre las muchas veces dramáticas situaciones de los migrantes que buscan asilo en el país.
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