Ni ICE ni CBP podrán llevar a cabo arrestos de inmigración y otras acciones similares en hospitales, escuelas y otras “áreas protegidas”
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos no podrán llevar a cabo arrestos de inmigración y otras acciones policiales en hospitales, escuelas y una variedad de otras áreas “protegidas” bajo una nueva política emitida el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional.
La política entra en vigencia de inmediato y se aplica tanto a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como a los de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes recibirán capacitación actualizada.
Se les prohibirá llevar a cabo arrestos de inmigración, realizar búsquedas y entregar citaciones en áreas donde los inmigrantes “reciben o participan en los servicios o actividades esenciales”, según un memorando sobre la política.
¿Cuáles son las “áreas protegidas” donde se prohíben los arrestos de inmigración?
La lista de ”áreas protegidas” incluye escuelas y campus universitarios, hospitales y otras instalaciones médicas, sitios de prueba y vacunación de Covid-19, lugares de culto y sitios donde se reúnen los niños, como parques infantiles y guarderías, según explica el memorando.
Otras áreas incluyen refugios para personas sin hogar y víctimas de violencia doméstica, instalaciones de tratamiento de drogas y alcohol y despensas de alimentos. La aplicación de las nuevas leyes de inmigración también está restringida en funerales, manifestaciones y desfiles cercanos o cercanos, según el memorando.
Sin embargo, las detenciones en estas áreas sí se permitirán en determinadas circunstancias, como la existencia de una amenaza a la seguridad nacional.
El secretario de Interior, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado el miércoles que las autoridades de inmigración deben “considerar el impacto” de dónde podrían tener lugar las acciones de aplicación de las nuevas leyes de inmigración y su efecto en los “intereses sociales más amplios” de las personas.
“Podemos lograr nuestra misión de hacer cumplir la ley sin negarles a las personas el acceso a la atención médica que necesitan, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de los desplazados a alimentos y refugio, el acceso de personas de fe a sus lugares de culto, y más”, dijo Mayorkas. “La adherencia a este principio es la base de nuestra estatura como servidores públicos”.
Otras medidas nuevas sobre inmigración del gobierno de Biden
La nueva política es el último movimiento de la administración Biden para reducir el poder de aplicación de las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
A principios de este mes, por ejemplo, la administración ordenó a las autoridades de inmigración que dejaran de realizar redadas masivas en los lugares de trabajo. Y el mes pasado, se ordenó a las autoridades de inmigración que ya no deportaran a personas únicamente por ser indocumentadas, si no solo si habían cometido delitos graves o representaban una amenaza para la seguridad nacional.
La política del miércoles también es parte de los esfuerzos del presidente Joe Biden para revertir las políticas de inmigración de línea dura del expresidente Donald Trump. Si bien la administración de Obama emitió una política similar que prohibía los arrestos de inmigración en ciertas áreas, la administración de Trump la ignoró en gran medida.
Aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, según el memo y, a pesar de que el presidente Joe Biden ha prometido luchar por un camino hacia la ciudadanía, los esfuerzos para ofrecerles un proceso de legalización se han enfrentado a numerosos obstáculos en el Congreso este año.
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