Este artículo habla sobra la deportación rápida. La imagen es ilustrativa.
Connie Kaplan

Connie Kaplan

Deportación rápida bajo Título 42: orden del CDC prolonga la aplicación de la medida

El gobierno demócrata confirmó este lunes que se seguirá aplicando la deportación rápida por motivos sanitarios en la frontera de México y Estados Unidos.

Los temores manifestados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre un nuevo pico de contagios de coronavirus forzaron al gobierno a dar marcha atrás a las intenciones de anular la medida de deportación rápida por motivos sanitarios. Esta medida, conocida como Título 42, se utiliza desde la administración anterior para expulsar migrantes en la frontera de México y Estados Unidos.

En el contexto de una crisis migratoria sin precedentes en los últimos veinte años, con una cantidad altísima de migrantes indocumentados que cruzan la frontera huyendo de condiciones inhumanas en sus países de origen, la administración Biden mantuvo la orden que permite la deportación rápida por razones sanitarias. Esta posición les valió muchas críticas de parte sus aliados pro-inmigración, que sostienen que la orden no responde tanto a la pandemia como a la necesidad política de expulsar migrantes de forma justificada.

Aunque recientemente el gobierno manifestó intenciones de anular la orden, el reciente contexto de la pandemia cambió la situación. El CDC insiste en que el ingreso sin control de personas por la frontera sur puede representar un grave peligro para el contagio de las nuevas variantes de coronavirus.

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Los temores alrededor de la variante delta

La dispersión por todo el globo de la llamada variante delta del coronavirus, más contagiosa que las cepas anteriores, ha reforzado el argumento que defiende la necesidad de mantener medidas de control sanitario como la deportación rápida que ordena el Título 42. La contagiosa variante llega en un momento delicado para las agencias fronterizas, que declaran estar al borde del colapso e insisten en que levantar la medida solo conducirá a profundizar la crisis humanitaria en marcha.

Aunque esta regla se ha utilizado para expulsar migrantes desde 2019, el gobierno demócrata ha hecho algunas modificaciones respecto de la era Trump, y no se aplica para expulsar niños migrantes no acompañados. Recientemente, también se planeaban excepciones humanitarias para grupos familiares.

Abolir la deportación rápida: la demanda de ACLU

Ante el comunicado oficial, la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU) respondió que iniciará acciones legales para forzar al gobierno a cumplir con sus promesas de acabar con la deportación rápida para las familias migrantes. Voceros de ACLU sostienen que su organización llevó adelante negociaciones extensas con el gobierno durante meses para que se levante la medida.

“Ahora está claro que no hay un plan inmediato para hacer eso. La administración hizo repetidas declaraciones públicas de que solo necesitaba algo de tiempo para reconstruir el sistema de asilo que la administración Trump destruyó. Les dimos siete meses. El tiempo ha terminado”.

Declaró Lee Gelernt, abogado principal del caso de ACLU, en una comunicación oficial este lunes.

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La pronta respuesta del gobierno demócrata

El gobierno demócrata respondió a la demanda iniciada por ACLU sosteniendo que bloquear u obstaculizar de cualquier forma la aplicación de esta medida solo llevará a colapsar el sistema de inmigración, que se encuentra al límite de sus capacidades, y a peores situaciones humanitarias para todos los migrantes. Los puestos de frontera están sobrepasados de casos de asilo y se hace muy difícil mantener la aplicación de medidas básicas de salud pública para evitar los contagios.

Además, en su comunicado, la Casa Blanca agregó que cada vez más migrantes testeados dan positivo para coronavirus, al igual que los agentes fronterizos. Según David Shahoulian, subsecretario de políticas fronterizas y migratorias del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), en el contexto actual es esencial mantener la medida de deportación rápida bajo el Título 42 para salvaguardar la salud pública del país.

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