Centro de detención de inmigración | Jueces designados por Trump prohíben una ley de California que buscaba reducir la cantidad de centros de inmigración privados
En un fallo de 2-1, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito afirmó que una ley de California destinada a eliminar gradualmente las cárceles privadas no debe incluir uno o más centro de detención de inmigración.
“Con la ley vigente, California no está simplemente ejerciendo sus poderes policiales tradicionales”, escribió el juez del noveno circuito Kenneth K. Lee, designado por Trump, “sino más bien obstaculizando la política federal de inmigración”.
California respondió que tenía el derecho legal de salvaguardar la salud y la seguridad de los detenidos en el estado y ello implicaba controlar el funcionamiento de los centros de detención y otras cuestiones como por ejemplo cuánto tiempo detienen a un inmigrante en Estados Unidos. Sin embargo, el Noveno Circuito dijo que la ley discrimina al gobierno federal.
El tribunal dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos solo tiene centros de detención de gestión privada en California, donde los inmigrantes permanecen recluidos hasta que son deportados o liberados. Los activistas lo disputaron, y señalaron que la prohibición aún dejaría en su lugar un centro de detención de inmigración.
El general Rob Bonta, fiscal de California, quien redactó la ley como asambleísta indicó en un comunicado que era probable que el estado apelara.
“Continuaremos la lucha para asegurar que las dignidades y los derechos de todos en California estén protegidos”, dijo. “Como filipino-estadounidense que fue traído a este país cuando era un bebé, esta pelea es personal para mí. Si bien el camino por delante puede parecer un poco más largo hoy, nuestro trabajo continúa y seguiremos avanzando “.
¿Qué dice la ley que prohíbe la existencia del centro de detención de inmigración en California?
La prohibición de las prisiones privadas obligaba al cierre de siete centros de detención de inmigrantes de gestión privada, que en conjunto tienen espacio para casi 7.200 personas. ICE argumentó que los cierres obligarían a los detenidos a ser trasladados fuera del estado, lejos de familiares y abogados, mientras que los partidarios de la ley dijeron que ICE podría usar alternativas a la detención, como monitores de tobillo, y así controlar mejor cuanto tiempo detienen a un inmigrante en Estados Unidos y en qué condiciones.
Los activistas señalaron que la prohibición dejaría a ICE con un centro de detención de inmigración en California: la cárcel del condado de Yuba, que tiene espacio para 220 detenidos.
En 2019, el costo promedio de cada recluso en una prisión estatal de California fue de casi $ 85,000 en comparación con $ 31,00 para un recluso en una prisión privada. Bonta argumentó que los operadores privados tomaron atajos para ahorrar dinero en detrimento de los presos.
La ley local fue aprobada en base a informes de condiciones deficientes, atención médica inadecuada, agresiones sexuales y muertes en cárceles con fines de lucro. Otros estados han aprobado medidas similares, incluidos los estados de Illinois, Nevada, Nueva York e incluso el de Washington. El objetivo es eliminar gradualmente las instalaciones privadas para 2028.
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